Directiva whistleblowing: ¿qué aseguradoras deben implementar un canal de denuncias?

La directiva whistleblowing en España prevé la implementación de un canal de denuncias obligatorio. ¿Qué aseguradoras y corredurías deben aplicarlo?

La directiva whistleblowing lucha contra las infracciones de la ley

En cualquier organización, ya sea pública o privada, grande o pequeña, se pueden producir infracciones de la ley. Puede tratarse de casos de corrupción, fraude, negligencia o malas prácticas. Si no se abordan, pueden terminar dañando la reputación de la empresa o haciendo que incurra en cuantiosas sanciones económicas. Muchas veces los empleados, proveedores o clientes son los primeros en detectar estos hechos. Sin embargo, para que los denuncien necesitan sentirse protegidos. Ese es precisamente el objetivo de la directiva whistleblowing.

¿Qué es la directiva whistleblowing?

En 2019, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva (UE) 2019/1937 sobre la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea. Dicha ley tiene como objetivo establecer normas y procedimientos para proteger a las personas que brinden información adquirida en el contexto laboral sobre infracciones normativas, corrupción, fraudes y prácticas abusivas del Derecho de la Unión Europea y el ordenamiento jurídico interno.

En España, el Gobierno aprobó en marzo un Anteproyecto de Ley para transponer dicha directiva. Mediante esta normativa se establecen canales de comunicación protegidos y se prohíbe cualquier tipo de represalias contra esas personas. De hecho, no se aplicará únicamente a las infracciones contra la hacienda pública sino también en materia de protección del medio ambiente, blanqueo de capitales, seguridad de las redes y los sistemas de información y protección de los consumidores y los datos personales.

En práctica, la directiva whistleblowing en España se aplicará tanto al sector privado como público. Con esta norma se pretende crear un clima de confianza entre los informantes y la administración para poder detectar las prácticas irregulares. Se dotará a esas personas de un sistema de protección eficaz para que puedan denunciar con seguridad y sin temor a las represalias internas o externas aquellas operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospechosas que se produzcan en su ámbito laboral o profesional.

¿Qué es un canal de denuncias?

El canal de denuncias es una herramienta diseñada especialmente para cumplir con la directiva whistleblowing. Automatiza la gestión de los casos denunciados y garantiza el anonimato de la denuncia y la protección de los datos personales en cumplimiento con el RGPD.

La directiva whistleblowing establece la obligatoriedad de contar con dos tipos de canales de denuncias. El canal de denuncias interno debe ser implementado y puesto en marcha por la organización, garantizando la confidencialidad. Ese canal de denuncias obligatorio debe registrar todas las denuncias recibidas y no puede revelar la identidad del denunciante sin su consentimiento expreso. También debe permitir configurar cuestionarios, crear denuncias con documentos adjuntos, analizar y gestionar las denuncias, así como enviar comentarios de manera bidireccional.

Los canales de denuncias externos son responsabilidad del Gobierno, quien tiene la obligación de establecer herramientas externas independientes y autónomas que permitan recibir y dar seguimiento a las denuncias. Según la directiva whistleblowing en España, ese canal quedará en manos de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y estará disponible para cualquier persona.

¿Qué entidades deben implementar el canal de denuncias obligatorio?

El artículo 10 del Anteproyecto de Ley indica que el canal de denuncias es obligatorio para todas “las personas físicas o jurídicas del sector privado que tengan contratados 50 o más trabajadores”, aquellas que tengan un volumen de facturación anual superior a los 10 millones de euros y todas las organizaciones del sector financiero.

En el caso de las personas jurídicas que operen en el área de servicios, productos y mercados financieros, incluidas las aseguradoras y reaseguradoras, el Anteproyecto de Ley señala que “se regularán por su normativa específica con independencia del número de trabajadores con que cuentan. En estos casos, la presente ley será de aplicación en lo no regulado por su normativa específica”.

Cabe aclarar que se aplicarán sanciones a las entidades que no implementen la directiva whistleblowing. La cuantía de las multas oscila desde los 10.000 euros en los casos de infracciones leves de personas físicas hasta un millón de euros para las personas jurídicas que cometan faltas muy graves. Si se detectan infracciones muy graves, también se prevé la prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante un plazo máximo de cuatro años.

¿Cómo implementar el canal de denuncias obligatorio en una aseguradora?

Para implementar un canal de denuncias interno, el primer paso consiste en elegir las vías de comunicación que se habilitarán para realizar las denuncias, así como decidir si se implementará una herramienta propia o se recurrirá a los servicios de un proveedor externo.

También hay que determinar la persona o personas que estarán a cargo del canal de denuncias, así como los criterios de admisión de las mismas y, por supuesto, la estrategia de información o formación para los empleados, de manera que estos conozcan la existencia y modo de funcionamiento del canal, así como las medidas que los protegen de posibles represalias.

Las aseguradoras o corredurías pueden usar un software de canal de denuncias, una herramienta digital especialmente diseñada para cumplir con la directiva whistleblowing que no solo garantiza el anonimato del denunciante sino también el cumplimiento del RGPD y contribuye a mejorar la imagen de transparencia de la entidad.

Por último, cabe aclarar que cuando se apruebe definitivamente la directiva whistleblowing en España, se darán a conocer los plazos concretos para la implementación de los canales de denuncias obligatorios, aunque es probable que el margen de tiempo se extienda hasta diciembre de 2023.